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El segundo objetivo que se propusieron los interventores norteamericanos -el político-, merece un análisis un poco más detallado.
Ante todo, hay que recordar que aunque durante la Guerra el alto mando del Ejército Norteamericano solicitó apoyo de las fuerzas insurgentes cubanas, se cuidó siempre de hacerlo de manera informal, mediante contactos con diferentes jefes insurrectos, pero de manera individual para no reconocer ni al Ejército Libertador de Cuba (ELC) ni al Consejo de Gobierno civil, que eran, junto al Partido Revolucionario Cubano (PRC), fundado por
José Martí en 1892, los legítimos representantes del pueblo de Cuba.
Cumpliendo el acuerdo de la Constitución de la Yaya de 1897, que establecía que se convocaría una nueva Asamblea de Representantes dos años después, o de forma inmediata si la guerra terminaba antes, el Consejo de Gobierno fue sustituido por dicha Asamblea de Representantes que comenzó a celebrar sus reuniones en Camagüey el 24 de octubre de 1898; como que posteriormente se trasladó al barrio habanero el Cerro, se le conoció de inmediato con el nombre de Asamblea del Cerro; contaba con 44 miembros, electos entre las filas del ELC, así como otras destacadas personalidades civiles.
Por su parte, el ELC permaneció organizado y bajo la jefatura del general en jefe Máximo Gómez, que mantuvo su campamento en territorio villaclareño.
La Asamblea del Cerro se propuso tres objetivos inmediatos: a) Lograr de alguna manera que los norteamericanos la reconociera como representante del pueblo cubano; b) tratar de descifrar las verdaderas intenciones de los yanquis respecto a Cuba, precisando además el período que duraría la ocupación; y c) tratar de resolver la penosa situación económicade los soldados del ELC, mediante su licenciamiento –un grave error- y la obtención de algún dinero para cada uno de los que se licenciaran. El 10 de noviembre de 1898, la Asamblea designó una comisión de 5 miembros para que viajara a los Estados Unidos con la intención de alcanzar tales objetivos; la presidía Calixto García Íñiguez
y tenía una encomienda: concertar un empréstito de 10 millones de pesos con el gobierno estadounidense.
Esta última encomienda encerraba un doble propósito: primero, si se otorgaba el empréstito, el dinero serviría para entregarlo a los combatientes que se licenciaran y segundo, constituiría el reconocimiento explícito de la Asamblea. Adicionalmente y según quedaría establecido, la deuda que se contraería sería pagada después de establecida la República, lo que implicaría poner fecha
de terminación a la ocupación.
Sin embargo, los resultados fueron negativos según se concluyó en el
informe rendido por la propia Comisión: “....fue imposible en absoluto a los comisionados –a pesar de su empeño y su insistencia- obtener explicación ninguna, sino sólo manifestaciones vagas, y aun frases más o menos evasivas, ni del Presidente, ni de los Secretarios, ni de las demás personas a quienes consultaron y requirieron; por más que todos declararon que estaban resueltos a cumplir fielmente las resoluciones del Congreso de 19 de abril de 1898, sin que dejaran nunca escapar ni una palabra respecto de los medios que hayan de adoptarse para obtener este respaldo, ni el tiempo de la ocupación de la isla, como si en realidad no tuviesen programa político definido.... “
Realmente, los yanquis se negaron a conceder el empréstito solicitado por los cubanos, ya que no estaban en disposición de comprometerse con ninguna institución cubana, aunque el presidente McKinley ofreció un “donativo” de tres millones, lo que en términos económicos significaba entregar a cada combatiente –unos 40 mil- la insignificante cantidad de 75 pesos, un poco más del valor de los fusiles y las balas de que disponían en aquellos momentos. De más está decir que la Comisión rechazó la “magnánima” oferta del yanqui McKinley que buscaba también desarmar barato y cómodamente al
ELC..
Orestes
Martí
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