En el programa de vivienda, se pensó primero en aceptar proyectos individuales de todas las personas que supieran que tenían necesidad real de mejorar su vivienda. Después la comunidad misma, o una comisión nombrada por ella, se encargaría de revisar caso por caso y descartaría a los que tenían la casa en buenas condiciones. Llegaron formularios de todo el mundo y ya se pensaba que el volumen iba dar trabajo en exceso. Dos concejales aprovecharon que nosotros trabajábamos con subsidios de vivienda y comenzaron a vender formularios a la gente, a nombre de la red de Solidaridad. Yo había oído de esos formularios y uno de los concejales me los había mostrado, pero sin la marquilla de la red. "Como una manera de ayudar a la gente" me dijo. Ni siquiera insinuó que tenían algún costo.
Después, en la mesa departamental de solidaridad, con funcionarios de todos los fondos, de las comunidades de los ríos, de los colonos, la Iglesia y casi toda la gente importante, la presidenta de la junta de acción comunal del barrio Los Libertadores denunció el caso. Estaba el director general de la red, Eduardo Díaz Uribe, y él se embejucó y aseguró que no se iba a girar un sólo peso al Guainía hasta que no aparecieran los suplantadores. La presidenta los señaló y se armó un escándalo. Los tipos dijeron que lo hicieron inocentemente, que no cobraban por ello y se echaron mutuamente las culpas; hasta fingieron estar enfrentados por cuestiones partidistas, porque el uno era conservador y el otro liberal, pero sus sonrisas los delataron. Cuando Eduardo Díaz se calmó, dijo que no iba a tomar acciones jurídicas y se acordó con la comunidad hacer todo por medio del SISBEN14. De esta manera se evaluaba a todo el mundo de una forma técnica e imparcial y se evitaban los intermediarios.
NOTA
