En Inírida el PDA21 organizó una mesa sectorial dentro de la mesa departamental de solidaridad, como una manera de presentar el programa dentro de la política social del gobierno. Primero se nos dijo a los estudiantes de Opción que la organizáramos, que reuniéramos a representantes de todas las comunidades que se supiera tenían cultivos y discutiéramos el tema, junto con militares, iglesias y autoridades. La sola idea de meternos en un tema tan espinoso nos puso los pelos de punta. Pero el secretario departamental de planeación se negó rotundamente a que se organizara una mesa como tal, pues también se les pidió a ellos que la lideraran. Nos dijo muy claramente que una cosa era mandar que se organizara desde Bogotá y otra cosa en Inírida, donde los que exponían el pellejo eran ellos.
Los del centro no volvieron a insistir y en la mesa departamental aparecieron el director y el subdirector del programa, junto con Eduardo Díaz Uribe. Hicieron la convocatoria y se reunieron con los líderes que quisieron participar y todos los que estaban programados. No pude estar en la primera mesa del PDA, estaba colgado con las otras. El secretario de gobierno departamental presentó las conclusiones ante la mesa departamental: «La coca no es negocio para el Guainía» fue la principal. Cualquier acción se llevaría a cabo de manera concertada y sin violencia. La fuerza pública sólo actuaría si la anterior no funcionaba. Por su parte, el representante de los colonos dijo que ellos tenían la voluntad y la necesidad del gobierno. «Ustedes saben donde está la coca mejor que nosotros. Los gringos tienen los satélites y con eso pueden ver bien donde está cada mata. Nosotros lo que queremos es que se nos dé la posibilidad de sacar nuestros productos, que los insumos lleguen al departamento». En fin, el programa les parecía muy bueno, pero desconfiaban de que se cumpliera, porque, como cosa rara, sabían que el gobierno promete pero nunca cumple. «Nosotros estamos expectantes, a ver con que nos sale el gobierno; porque, eso sí, estamos cansados de promesas» dijo.
Los funcionarios citaron el caso de un municipio en el Tolima, donde la gente cortó todas las plantas, se lo comunicó al gobierno y fueron los primeros en recibir los beneficios. En el río Guaviare la gente estaba esperando a que se presentaran los funcionarios o que les llegara alguna información. No estaban dispuestos a tirar a la candela el fruto de su trabajo y una posibilidad de conseguir una renta. Para todos los colonos hablar de coca era lo mismo que hablar de frijol, banano, cacao, o cualquier otra cosecha. Se agarraban a los productos vendibles, pues era lo único que les garantizaba que no pasarían hambre. Muchos de ellos llegaron al Guainía invitados por familiares o amigos que necesitaban gente para las plantaciones, y los que no se unieron se dedicaron a resolver las necesidades de los que sí.
Meses después, el secretario de gobierno departamental tuvo que intervenir para que las F.A. no persiguieran a los coqueros del Guaviare, muchos de ellos escondidos y aguantando hambre ante su repentina aparición. Los militares respondieron que ellos podían intervenir donde quisieran, mientras fuera dentro del territorio nacional. El secretario les aseguró que si no se detenían iban a armar un problema de orden público y hacer fracasar el PDA.
De todos modos, un funcionario de Bogotá hablaba en privado del PDA y de antinarcóticos, y se refería a ellos como si fueran sinónimos. El cura párroco intervino en la mesa del programa e hizo llamados a mostrar voluntad de paz, mientras la policía y el ejército le decían a la gente qué debía hacer. El mismo sacerdote nos contó que en la mesa departamental le habían preguntado si entre los dirigentes había quedado algún militar y él les respondió que no. Los campesinos exclamaron "¡menos mal!", como si se tratara del Coco. Justo cuando se comenzaron a organizar las mesas sectoriales para la discusión, los guerrilleros vestidos de civil y los coqueros que estaban en el recinto salieron por donde entraron. Como se realizó en la caseta comunal de Inírida, la gente podía entrar y salir a voluntad. Por lo menos una muestra de transparencia.
No pasó lo mismo en el Vichada. Estaba reciente el ataque contra la guardia en Ayacucho y no se permitió el paso a gente que no estuviera carnetizada. Había soldados en cada entrada y no fue el director de la red. Sin embargo la discusión entre los alcaldes llegó un poco más lejos y duró más. También hay que tener en cuenta que en Vichada hay tres municipios, en Guainía sólo uno, inmenso.
El orden público transforma a una comunidad, hace que los militares se instalen y todo el mundo sea un sospechoso. Me pregunto: ¿Cómo fueron las mesas de solidaridad en el Urabá? ¿En el Magdalena medio? ¿Habrán sido transparentes, abiertas?
En Bogotá se iniciaron tardísimo, mucho después que en el Guainía, y nosotros estábamos desesperados por el retraso. La fecha límite se nos había pasado por dos meses, porque los líderes del sector rural llegaban a necesitar 15 días para llegar y enterarse. Que volvieran a sus comunidades, discutieran y regresaran a Inírida con sus propuestas era algo difícil de entender para las centrales, acostumbradas a tener todos los datos estadísticos listos y no preguntarle nada a la gente, sino a sus representantes. La “democracia” indirecta no podía entender que existiera la directa y le pesaba el tiempo que requería para tomar las decisiones. El secretario de gobierno departamental y el secretario de planeación municipal, los que normalmente reemplazaban a los mandatarios locales, me decían: "Los representantes están para tomar decisiones, o sino ¿para qué los eligen?" Me pregunto yo que pensarían ellos de una monarquía electa. Tal vez ellos no encontrarían ninguna diferencia.
Los pueblos del suroriente pueden tener resueltas sus necesidades de alimentación y hasta de salud con sus brujos, pero el ser olímpicamente ignorados y recordados sólo para reprimir, tiene consecuencias bastante previsibles. Casos recientes como los de Guaviare, Putumayo y Caquetá, convertidos en dictaduras regionales con las "zonas especiales de orden público", no son precisamente una razón para el optimismo. El ministro Esguerra quería cambiar la constitución para reemplazar el derecho de paz por un derecho de guerra. Gracias a
, en Guainía y Vaupés narcos y militares apenas hacen pujitos. Aprovecho aquí y Le doy gracias.
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