Ataque frontal a la evaluación estratégica del impacto ambiental de las infraestructuras

 José Luis Ordóñez
Coordinador del Área Federal de Ecología de Izquierda Unida
Láncara <lancara@ordoniez.looptele.com> 

Aznar cambió de ministros, durante el día 9 de julio de 2002, mientras continúa una decidida política de hace retroceder la sociedad española hacia tiempos muy pretéritos. Aquellos tiempos en que sólo las grandes fortunas, y sus subordinados más directos: ejército, iglesia y delegados en las administraciones públicas, tenían poder de hacer y deshacer.

Ahora ya puede ACS, compañera del Banco SCH y dueña de Dragados, hacer realidad el sueño de los promotores de la automoción más desarrollista las "autopistas subterráneas". Es decir, aquellas autopistas que crucen por el subsuelo de las ciudades y áreas metropolitanas de Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Sevilla, Valladolid, Asturias, Vigo, ..., una vez que ya han sido construidas todas las molestas e innecesarias autopistas y autovías de circunvalación.

Atrás quedan los buenos propósitos de la "Evaluación Estratégica del Impacto Ambiental de Planes, Programas y Proyectos". Atrás queda la "Estrategia de la Unión Europea para el Desarrollo Sostenible". Atrás queda el concepto de "participación democrática en la planificación de la economía". Atrás queda el papel del Estado y de las administraciones públicas como garantes de los derechos ambientales, sociales y económicos de las personas más desposeídas.

El Ministerio de Fomento ha dicho a las grandes empresas de la construcción agrupadas en Seopán, el pasado 2 de julio de 2002, en la Asamblea Anual de dicha asociación empresarial, que se está consiguiendo reducir el valor y la importancia de las Declaraciones de Impacto Ambiental. El Ministerio de Fomento estima que la tramitación de las grandes infraestructuras presenta
unos dilatados procedimientos administrativos, por tratar de garantizar con los derechos de los administrados. El plazo medio de estas grandes obras se extiende durante unos diez años. El Ministerio de Fomento está trabajando en reformas internas, sobre todo en los aspectos ambientales, para acortar esos plazos en un 20 por ciento.

Para hacer atractivo el mundo de la obra civil al sector privado de la economía, el Ministerio de Fomento y el Consejo de Ministros del pasado 7 de junio de 2002, han aprobado el Proyecto de Ley Reguladora del Contrato de Concesión de Obras Públicas.

El nuevo modelo concesional supone la introducción de "criterios de mercado" en todas las fases del proceso inversor, desde la selección de los proyectos de nuevas infraestructuras hasta la construcción, administración y explotación de la obra.

Según el propio Ministerio de Fomento esta Ley, cuando sea aprobada, brindará un marco al capital financiero y sus correspondientes empresas constructoras para que participen, no sólo en la financiación, construcción y gestión de las infraestructuras, sino también en la propuesta de nuevas infraestructuras (como líneas de alta velocidad ferroviaria, aeropuertos o
autopistas subterráneas), que luego la administración pública entregará por concesión a
la explotación privada.

La relación de las constructoras con las administraciones públicas ya no será sólo de licitadoras en los concursos públicos generados por la planificación estratégica de la sociedad, sino que pasarán a ser promotoras de nuevas concesiones. Eso sí, acompañadas del correspondiente "estudio de viabilidad".

Según el Ministerio de Fomento, "las empresas constructoras que quieran aceptar este nuevo reto deberán prepararse, avanzar hacia un mayor peso del componente estratégico interno, crear departamentos de estrategia y promover el desarrollo de la ingeniería de proyectos y de la ingeniería financiera.
Detectar cuáles son las posibles obras susceptibles de ser propuestas al Ministerio para que sean aprobadas y luego licitadas y adjudicadas en concesión, diseñando un plan financiero para que cada proyecto nuevo sea compatible con los Presupuestos Generales del Estado y demás cuentas
públicas".

Dice el Ministerio de Fomento que "se trata de un paso definitivo en la introducción de criterios de mercado en la obra pública, con la creación de un verdadero marco competitivo, en el que las empresas concurren incluso en la proposición de las nuevas concesiones".

Es cierto que el propio Ministerio de Fomento no se fía de conocer con exactitud "quién es dueño de qué" y señala que "las empresas licitadoras en los concursos públicos de concesiones deberán presentar una declaración donde se indique a que grupo empresarial pertenecen y cuales son las
empresas que lo componen".

También señala el Ministerio de Fomento como causa de ruptura del contrato de concesión "el incumplimiento del debido sigilo respecto a los datos o antecedentes relacionados con dicho contrato que no sean públicos y notorios"

Analice cada persona a que se referirá el Ministerio de Fomento con el la palabra "sigilo".