La telefonía móvil ha supuesto un avance técnico para el desarrollo de las telecomunicaciones, pero cuando el desarrollo técnico se hace pensando en la riqueza que va a producir a las compañías propietarias y no se tiene en cuenta el bienestar de los ciudadanos, surge una confrontación de intereses.

Las sumas astronómicas que mueven las nuevas tecnologías han llevado a una carrera desenfrenada de las compañías telefónicas por llegar lo antes posible y coger la mayor cuota de mercado y la captación del mayor número de clientes en el menor tiempo posible. Esto ha llevando a un desarrollo  anárquico de las infraestructuras que requiere estas tecnologías y a la ausencia de controles sobre las emisiones electromagnéticas y sobre las condiciones de las instalaciones. Así las  antenas base de telefonía móvil proliferan por  doquier, y se instalan sin licencias, sin cumplir las normas urbanísticas, a escondidas de las instituciones, sin informar ni consultar a las poblaciones afectadas, y poniendo en peligro la seguridad colectiva. Con unas prácticas que nada tienen que ver con un desarrollo civilizado,  racional, democrático y ordenado.

La inhibición de las instituciones y la escasa normativa actual en vigor, solo facilitan los objetivos de las empresas de telefonía y descuidan la protección del medioambiente y del ciudadano.
El peso del poder económico de las empresas que mueven la telefonía móvil, ha hecho que florezcan estudios clínicos para tranquilizar a la población, estudios en muchos casos  subvencionados por ellas y que responden a sus fines. A la vez han silenciado, minimizado u ocultado aquellos otros estudios clínicos independientes que evidencian los riesgos sanitarios que producen estas  radiaciones.
No sorprende que las antenas base se instalen, siempre, en barriadas populares, con total desprecio a las familias trabajadoras y a sus edificios. Y ante la duda de daños para la salud humana, el principio de precaución solo se aplique a las zonas residenciales y a los edificios donde están ubicadas las instituciones públicas que permanecen libres de estas antenas.
Las compañías utilizan acusaciones burdas y simplistas, de “que quienes se oponen a las antenas base dentro de las poblaciones, están en contra de los teléfonos móviles, en contra del desarrollo y son alarmistas”. Así colocan las antenas dentro de los núcleos de población, solo  para ahorrar costes, y ocultan que sí es posible el uso del teléfono móvil, colocando antenas fuera de la población como sucede Suiza, por ejemplo.
Las recomendaciones en vigor, aprobadas por el Consejo de Ministros de Sanidad de la Unión Europea (CUE) y elaboradas por el Comité Internacional para la Protección ante las Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP) solo tienen en cuentan el efecto térmico de este tipo de ondas y ha establecido que 450 microwatios por centímetro cuadrado, umbral que consideran no causa daño calorífico a los tejidos. Sin embargo múltiples investigadores y organismos independientes ponen sobre aviso a la población por las interacciones de estas ondas con los mecanismos biológicos, que suponen un peligro sanitario. Y son muchos los analistas que han alarmado de los fuertes lazos del ICNIR con el ejercito y la industria de las telecomunicaciones, incluyendo el director de este comité el Dr. Rapacholi, quien después de ser nombrado en su cargo, se desdice de sus investigaciones sobre causa-efecto de la telefonía móvil y el cáncer en ratas de laboratorio.
Las recomendaciones del ICINRP, asumidas por España, han provocado una inercia burocrática en su aplicación y un seguidismo de las mismas que beneficia a las operadoras, al ignorar las consecuencias epidemiológicas que están surgiendo en la población y que contribuyen a incrementar la alarma social.
Situaciones tales como: Que los consorcios de seguros no quieran asegurar los posibles daños a la salud que causen estas antenas; que las ondas de los teléfonos móviles alteren los registros electrocardiográficos, electromiográficos, electroencefalográficos, dispositivos electrónicos implantados en los pacientes; que puedan producir desencadenamiento de crisis epilépticas; que en los lugares donde estén instaladas las antenas móviles desaparezcan los pájaros; que la emisión de ondas electromagnéticas de la telefonía móvil es constante y que los efectos en los seres vivos son acumulativa; que se incremente la incidencia de cáncer y de otras patologías (fatiga, depresión, desordenes del sueño, problemas cardiovasculares, problemas en la piel, etc, etc.) ,  en las poblaciones  próximas a las instalaciones de las antenas base. Nos lleva a pensar que la aplicación de estas tecnologías en la forma en que se están implantando, no se está haciendo bien y que el reduccionismo a explicaciones simplistas e interesadas y la apelación a la aplicación de la recomendación, no ofrece garantías de inocuidad de las radiaciones electromagnéticas de estas antenas.

Desde las instituciones  públicas se está legislando en beneficio de las grandes compañías con intereses en este sector ya que no tienen en cuenta o  ignoran:
      . Las conclusiones de la Conferencia Internacional de Salzburgo sobre Instalación de Emisoras de Telefonía Móvil, Ciencias Aplicadas & Salud Pública, celebrada en Salzburgo (Austria) el 7-8 de junio del 2000, (donde se recomendó niveles 4500 veces inferior al de la formativa en vigor.
      . Las conclusiones de la Conferencia Internacional sobre el Estado de la Investigación sobre los Campos Electromagnéticos – Cuestiones Científicas y Legales, celebrada en Catania (Italia) el 13 – 14 de Septiembre del 2002, (donde plantean los efectos que suceden en los  organismos sometidos a radiaciones por debajo de los niveles propuestos por la ICNIRP y aprobados por la U.E.
      . Los resultados del programa REFLEX, (estudio financiado por la U.E.  durante cuatro años (1/02/2000 al 31/05/2004) y en el que participaron 12 paises, incluido España,  que concluye diciendo que “las ondas electromagnéticas de la telefonía móvil produce alteraciones del ADN que transforma la información genética en el núcleo de las células y cambios en éstas”.
      . Múltiples estudios independientes que demuestran  la peligrosidad de las ondas electromagnéticas de la telefonía móvil.
      . El informe del Defensor del Pueblo, que señala en él. “que la inocuidad de las radiaciones radioeléctricas se encuentran lejos de una demostración concluyente”, lo que exigía que para esta institución, el principio de precaución se debía invocar con generalidad.
      . Ni las demandas de instituciones locales, colectivos sociales y ciudadanos afectados.  

En consecuencia los firmantes de este manifiesto desde la convicción de que lo que faltan son garantías de seguridad y de inocuidad, demandamos de las instituciones públicas, las siguientes medidas:
1.- Suspender todo tipo de licencias para instalar nuevas antenas de telefonía móvil en los núcleos de población.
2.- Sancionar y desmantelar aquellas instaladas sin los permisos y las licencia respectivas.
3.- Se legisle para bajar la potencia admitida a menos de un microwatio por centímetro cuadrado, (siguiendo las recomendaciones de la conferencia de expertos celebrada en Salzburgoen el 2002, como la ha hecho Italia), y la instalación de las antenas bases a no menos de 600 metros de las zonas habitadas.
4.- Que las instituciones locales y autonómicas desarrollen ordenanzas para regular la utilización del espacio electromagnético y prevea la instalación de las infraestructuras necesarias dentro del PGOU y los Planes de Ordenación del Territorio. Y creen unidades de inspección de las antenas base y medición de ondas.
5.- Se informe a la población afectada de cualquier petición para colocar este tipo de antenas.
6.- Se promuevan estudios independientes, desligados de los intereses comerciales y patrocinados por instituciones sanitarias públicas y universitarias.
7.- Que se realicen estudios epidemiológicos que tengan en cuenta la diversidad de la población, el grado de madurez de los sistemas inmunitarios, la reactividad individual de la población a las ondas, los estratos poblacionales, los grupos susceptibles con patologías asociadas, las exposiciones continuas y las interacciones de estas ondas con los efectos biológicos.
8.- Que las instituciones sanitarias recojan en la historia clínica de los pacientes,  si están expuestos a la influencia de los campos magnéticos de las antenas base de telefonía móvil. La medicina de familia estudie de forma prospectiva, las patologías de la población próxima a las antenas móviles.
9.- Dado que el espacio electromagnético que utilizan las operadoras es de dominio público, se grave la utilización de dicho espacio con impuestos que administraría las instituciones públicas en proyectos específicos, destinados al desarrollo de la seguridad de las telecomunicaciones, y al estudio de la contaminación electromagnética.
10.- Se promueva un debate en los profesionales de la sanidad,  relativo al problema sanitario, la objetividad y las buenas prácticas de los estudios clínicos existentes. 

Los firmantes de este manifiesto creemos que el desarrollo técnico civilizado no está reñido con el bienestar social y la protección a la salud y para garantizar esto pedimos a las autoridades sensatez, responsabilidad, precaución, planificación,  protección a la salud y no dejen en manos de las empresas interesadas la ordenación de las infraestructuras que requieren las nuevas tecnologías.